domingo, 6 de noviembre de 2011


Lucha contra la piratería en Panamá

LEGISLACIÓN

El reciente Código Penal panameño de 2007 señala penas por los delitos asociados a la piratería de 2 a 4 años de prisión y multa de U$1.000 a U$20.500, y en el caso de piratería a escala comercial las penas son de 4 a 6 años, sin multa. Salvo que por falta de información no se haya encontrado, no se evidencian normas especiales en relación con las medidas tecnológicas de protección, ni respecto de la protección de la información relativa a la gestión de derechos.

En relación con el procedimiento aduanero, bajo el Decreto 123 de 1996 existe un procedimiento administrativo para las medidas en frontera, el cual opera bien sea de oficio o a petición de parte.

Producción de estadísticas

En esta materia se destaca el hecho de que todas las instituciones producen información relativa al control de la piratería, reportando diferentes grados de información, desde la medición del impacto de la piratería en el recaudo fiscal que realiza las oficinas de aduana anualmente y que implica decomisos, operativos y personas detenidas; pasando por la completa información recabada por fiscalía y policía.


Existiendo dicha información, lo importante es el uso y organización de la misma para articularla con las políticas nacionales en la materia.
Debe tenerse en cuenta en todo caso que la información relacionada con la violación de los derechos de propiedad industrial no puede, ni debe ser confundida o medida con el mismo rasero con que se leen los resultados y cifras relacionados con los delitos relacionados con el derecho de autor.


Encontramos que IIPA no señala información por lo menos en lo que se refiere a cifras de piratería en este país.


PLANES DE ACCIÓN, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS

La BSA, el sector audiovisual, y el sector de la música por su propia cuenta han realizado campañas de difusión en relación con la protección del derecho de autor y el combate a la piratería. La Oficina Nacional busca obtener apoyo de entidades extrajeras para llevar a cabo una campaña de difusión en el mismo sentido, de donde surge la posibilidad de aunar esfuerzos para desarrollar dicho tipo de iniciativas en un marco de mayor institucionalidad.


En materia de capacitación, se encuentra que reciben formación especializada la fiscalía y la policía. Sin embargo las oficinas de aduanas carecen de este tipo de capacitaciones, las cuales son necesarias especialmente por la situación especial de este país.


CONTROL DE LA PIRATERÍA

La fiscalía, policía y aduana cuentan con funciones específicas que les permite la acción de control de la piratería. Es de resaltar que la aduana cuenta con una norma especial que le da competencia incluso para realizar medidas en frontera respecto de mercancía que se encuentra en tránsito hacia otro país pero que ha tocado puerto panameño, herramienta de gran utilidad bajo las condiciones de los puertos panameños y su canal.


Por otra parte, en relación con la posibilidad de que el estado de necesidad sea eximente de responsabilidad, dicha circunstancia no se da en Panamá, sin embargo si existe una atenuación punitiva en el caso de captura de buhoneros o vendedores ambulantes de piratería.


En relación a las acciones de control por medio de allanamientos, capturas e incautaciones, se encuentra que los organismos encargados de ello cuentan con herramientas legales que les permiten realizarlas bajo condiciones de legalidad y pueden operar en casos de flagrancia de manera directa.


RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Existe en Panamá una Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual que es integrada por el sector público. Sus logros se dirigen a la coordinación de actividades de control, atención de consultas de entes gubernamentales y actividades de capacitación. También es el espacio de discusión de políticas relacionadas con la propiedad intelectual. Se destaca la iniciativa de orden gubernamental sobre este particular, sin embargo vale la pena examinar dos aspectos, uno de ellos es la vinculación del sector privado a esta Comisión, el otro es la separación temática u operativa entre las acciones y políticas en materia de derecho de autor de las relacionadas con la propiedad industrial, pues cada una obedece a objetos disímiles y con intereses diferentes.


Es muy importante la regularidad de las reuniones de esta comisión, lo que con seguridad generará un ambiente de mayor institucionalidad, y fortalecerá sus acciones.


En materia de cooperación, las prioridades identificadas por las entidades comprenden la capacitación, la conformación de sistemas de información nacional e internacional en relación con la piratería, el fomento de campañas de sensibilización, y finalmente la participación del sector privado en el apoyo para las pericias técnicas para la diferenciación del material pirata.


POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Las políticas generales en materia de propiedad industrial son definidas por el Ministerio de Comercio e Industrias, sin embargo en materia de derecho de autor, quien define las políticas es el Ministerio de Educación.  La Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita a este último, cumple con la función de inspección y vigilancia de las personas que realizan actividades de uso de las obras. Por su parte se considera que es viable que dicha entidad cuente con funciones jurisdiccionales, siempre que sus competencias sean claramente definidas, y por supuesto, como ya hemos señalado también en este diagnóstico, siempre que se dote a las oficinas con los recursos necesarios para cumplir con tales funciones.


La Comisión Intersectorial en Propiedad Intelectual es el órgano que señala las políticas en la materia, circunstancia que debe resaltarse dado que comprende diferentes instituciones que soportan la adopción de tales políticas, garantizando de alguna manera su efectividad.

Desafortunadamente, la principal problemática en este tema institucional es la falta de recursos destinados a las entidades para el logro de sus objetivos.

En Panamá existen grupos especializados en materia de propiedad intelectual o combate contra la piratería al interior de la fiscalía, la aduana, la policía y la Oficina Nacional Competente que apoya en inspecciones y registros. Por lo que encontramos una seria actividad institucional entorno a la lucha contra la piratería.


Forma más empleada para contrarrestar la piratería es por medio del registro de obras de derecho de autor

lunes, 3 de octubre de 2011

RESCATANDO VALORES EN LA EDUCACIÓN






“Educando para la felicidad”, fue el lema del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa CIHCE, en su décimo aniversario, que se realizó en Panamá del 20 al 22 de septiembre en el Hotel El Panamá.

Esta cumbre tuvo como finalidad dar a conocer, analizar e intercambiar las experiencias y propuestas elaboradas por las organizaciones de los 23 países a nivel mundial, que son las que conforman el consejo iberoamericano, respecto al contenido de los Nuevos Planes curriculares para la Excelencia Educativa en Iberoamérica. Presentando nuevas propuestas de cambio, como una educación formativa, integral, con valores humanos, emprendedores, autosuficientes, que sea la base y la formación de familias unidas, de seres humanos felices, sanos y prósperos.

Conto  con la participación de varias representaciones del consejo directivo como lo fueron, el Dr. Santiago Duarte, Presidente CIHCE; el Dr. Mario Marenco Sosa, Vicepresidente CIHCE; el Dr. Jorge Morán Terrones Director Ejecutivo CIHCE; Dr. Enrique Rentería Castro Vicepresidente para Centroamérica UNESCO; Manuel Dávila Center For Higher Education & Languages CHEL; el Dr. Jesús Santos Hernández, Director de Desarrollo Académico (España), quien expresó que “La clave para que un país obtenga un buen futuro; es formar y educar a cada persona”; también contó con la presencia del Dr. Giovanni Ianfrancesco, Fundador y Miembro de Número de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación y Director de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora CORIPET  (Colombia) y la Dra. Susana Linares González, Directora Regional (España), y 23 países participantes.

Participantes del Consejo Iberoamericano (Fundación Internacional María Luisa de Moreno)


También participaron entidades educativas y organismos nacionales e internacionales, como lo fueron; Jorge Laurencena, Presidente de International University (Panamá), quien expresó que “Mi sueño y objetivo, es lograr que una gran cantidad de estudiantes frustrados en estos tiempos; con los sistemas tradicionales de enseñanza, puedan lograr su superación profesional a través de la educación a distancia y virtual con apoyo de la tecnología y las comunicaciones”; Magnolia Nasayo, Directora de La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (Colombia), Luz Arce Ferrer Senadora Portavoz Alterna de la Mayoría, Presidenta de la Comisión de Trabajo de Recursos Humanos (Puerto Rico) que afirma que “Como ciudadanos del mundo, somos responsables en brindar las herramientas, que garanticen un mejor recurso humano y la llave primordial para obtener una mejor calidad de vida y paz, es con la educación”.

sábado, 26 de febrero de 2011

No me alcanzan las palabras

Joaquín lanza su tercera tema musical
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor.

Foto María Castillero


MARÍA GUADALUPE CASTILLERO

PANAMÁ. Con un estilo diferente y volviendo a reencontrar su esencia musical, Joaquín, cantautor panameño, lanzó un nuevo sencillo promocional, titulado “No me alcanzan las palabras”, ésta balada-pop de la mano de su guitarra,  será incluida dentro del CD “GENUINO”, que contará con más de siete temas de su autoría, incluyendo los más recientes éxitos conocidos como “Sin ti” y “Déjate Querer”.

No me alcanzan las Palabras, fue producido bajo el sello de Trilogy Studios, con el apoyo de los productores Mario Spinalli y Daniel Mellado. Éste tema, según el artista, define perfectamente las emociones que está viviendo en este momento de su vida, por lo que busca conquistar los corazones de muchos panameños y por supuesto del mercado internacional.

Joaquin contó que para su disco ha mezclado diferentes géneros e influencias musicales, como pop, nova trova, jazz, reggae ruts, baladas y hasta rock, tratando de llevar su música hacia distintos públicos.

El artista no descarta la posibilidad de hacer dúos con artistas de la talla de Grettel Garibaldi, Any Tovar y Manuel Corredera.

Después de haber realizado giras al exterior, de vivir buenos y malos momentos, hoy Joaquín se define como un cantante completo, más seguro y preparado para asumir todos los restos. Dijo que siente pasión por los sonidos, pues se identifica plenamente con el pensamiento de Kurt Cobain que dice: la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor”.

jueves, 24 de febrero de 2011

Mides atiende a jóvenes en riesgo social

El joven en riesgo recibe terapia psicológica individual con el fin de orientarlo hacia una adecuada conducta

KAREN BERNAL




LA CHORRERA. La dirección regional del Ministerio de Desarrollo (MIDES), de La Chorrera anunció que para el mes de abril  se iniciará la segunda parte  del  programa Panamá Crece Contigo, que  consiste en un campamento que tiene fines recreativos y educativos para los jóvenes que se encuentran en riesgo social.
Luisa Guillan, psicóloga del MIDES, dijo que en el mes de febrero se concluyó la primera etapa programa. 

Guillan explicó que Panamá Crece Contigo es un programa dirigido a menores en riesgo social y que el mismo se desarrolla en tres etapas: la formativa, la recreativa y la retroalimentación.

Agregó que en el programa el joven en riesgo social recibe terapia psicológica individual con el fin de orientarlo hacia una conducta adecuada.

La psicóloga del MIDES comentó que al finalizar el programa se esperan buenos resultados con los jóvenes que están dentro del programa.

Dijo además que  para incentivar a los jóvenes se han hecho convenios con otros programas e instituciones, como Padrino Empresario, con el INADEH y con el Centro Vocacional Chapala, para que tengan mejores oportunidades.

martes, 22 de febrero de 2011

Comerciantes dan mal uso a paradas de buses


Entre la parada de La Doña y el Supermercado Xtra hay por lo menos 25 puestos de ventas de legumbres y frutas informales.
Foto Aivy Pinto
AIVY PINTO

24 DE DICIEMBRE. La ubicación de puestos de venta de legumbres y verduras en las diferentes paradas del corregimiento de la 24 de Diciembre, en el distrito de Panamá provoca durante todas las horas del día un gran caos. Personas que esperan para trasladarse a sus puestos de trabajo, otras comprando víveres, sumado a los buses que recogen a los pasajeros es la nota característica en el lugar.
Jesús Leonel Nieto Avecilla, vendedor de frutas y legumbres en la parada del Súper Xtra, dijo que lleva alrededor de 14 años de trabajar en ese lugar, él heredó el puesto de su madre que estuvo allí por más 38 años.
Él no considera peligroso el trabajar ahí, porque los buses pasan lentos ya que tiene que hacer sus altos para dejar a las personas en la parada y por el largo tiempo que lleva en ese lugar ya conoce a los conductores de bus.
El vendedor explicó que han tenido problemas legales con las autoridades municipales y los comerciantes del lugar, porque alegan que donde ellos venden los productos es propiedad privada. Y los vendedores por su parte dicen que sus puestos no están directamente en la parada, sino a los costados y que esa propiedad pertenece al ex dirigente político del corregimiento de la 24 de Diciembre Donato Rosales, quien conjuntamente con Nelson Vergara, Representante del corregimiento, apoyan a los vendedores.
Por otro lado, Israel Pinto Gonzales, inspector de Salud, comentó que el exponer legumbres en un lugar abierto como lo es una parada va en contra de la salud de las personas.
Pinto manifestó que en esos sitios no hay ningún tipo de higiene, en especial el servicio del agua, ya que las legumbres se pueden ver directamente a la intemperie sin protección alguna.
Agregó que lo que se convierte en guarida y criaderos de cucaracha, ratones y otros insectos.
En tanto, las autoridades locales les han prometido a los vendedores de las paradas de La Doña y el Extra, mejorar el comercio de legumbres y frutas en ese lugar.

Fuentes Confidenciales


MILEIKA BERNAL

Una serie de hechos periodísticos ocurridos en los últimos años en Panamá han puesto en el epicentro del debate profesional el tema de la reserva de identidad de las fuentes informativas.
Mientras que algunos aseguran que, si la fuente engaña al periodista, éste tiene una licencia para revelarla, otros son firmes en el principio de que, en ninguna circunstacia, el periodista debe revelar la fuente que ha prometido mantener en reserva.

Algunos de los casos en los que ha entrado en discusión el tema en Panamá, involucran a personajes e instituciones públicas importantes, como un colegio secundario capitalino, el Rector de la Universidad de Panamá y el Procurador General de la nación. 

Caso del colegio
La opinión pública no es consciente de hasta dónde se presiona a los periodistas cuando publican una información con la reserva de la fuente. En junio de 1996, el diario El Panamá América publicó una investigación que surge de rumores de que en algunas escuelas secundarias (públicas y privadas) se traficaban drogas entre los estudiantes menores de edad.
La periodista Elizabeth Muñoz de Lao, que participó en la investigación, dijo que se decidió tratar el tema luego de discutir por varias semanas sobre él, ya que el problema de la infiltración de drogas en colegios secundarios no era fácil. Solo se tenía información extraoficial de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
La información de que en un colegio privado tenía problemas de estudiantes que traficaban drogas se logró a través de un profesor del centro educativo, quien advirtió que daba la información con la reserva de su nombre. El trabajo se publicó.
Una vez publicado, los profesores y los directivos del colegio denunciado se presentaron a las instalaciones del periódico con una nota de protesta firmada por todos los profesores del plantel, incluido el profesor que había suministrado los datos, para exigir que se diera el nombre de la persona que había proporcionado la información, con la amenaza de demandar a los periodistas y al medio por calumnia e injuria.
El equipo de periodistas que trabajó en la investigación se opuso a revelar la fuente, con el apoyo de la jefa de información, Migdalia Fuentes de Pineda, a pesar de las amenazas de demandas. 

Caso del Rector
El 29 de mayo de 1994 se registró otro caso de reserva de fuente. Los protagonistas fueron el periodista Manolo Alvarez, de La Prensa, y el rector de la Universidad de Panamá, Carlos Iván Zúñiga.
La nota "Karla: historia de un sueño destrozado" contaba detalladamente cómo un profesor, que también es médico, proponía a una estudiante resolver su fracaso en un examen semestral, a cambio de una cita o un encuentro fuera de la Universidad.
El rector Zúñiga solicitó, mediante un emplazamiento publicado en los diarios (como anuncio pagado), al periodista Manolo Alvarez Cedeño que revelara la identidad de la estudiante y del profesor (cuyos nombres ficticios eran Karla Stanziola, la estudiante, y Xavier Amorós, el profesor) involucrados en la historia sobre acoso sexual.
Zúñiga apeló a la salvaguarda de "un interés superior, conforme se señala en el artículo 170 del Código Penal panameño", que se refiere a la revelación del llamado "secreto profesional’’ y que, según sostenía el Rector, es aplicable a los periodistas, aun cuando estos se hayan comprometido a mantener la reserva de identidad de una fuente.
Zúñiga inició una pesquisa, con base en los datos contenidos en el reportaje, con el propósito de dar con la identidad de la estudiante y del profesor. Para esto, el Rector acudió a los expedientes individuales de las estudiantes que constituyen el universo limitado que tiene las mismas características de Karla Stanziola.
Ante la insistencia del Rector en descubrir quién era Karla, el periodista Alvarez dijo que lo que realmente le interesaba al Rector era verificar si la historia publicada era verdadera y no resolver el problema de acoso sexual en la Universidad.
A pesar de la persecución pública del Rector Zuñiga, el periodista Alvarez no reveló nunca el nombre de la estudiante ni el del profesor.
En estos dos casos de diarios importantes de Panamá, los periodistas mantuvieron el principio de reserva de la fuente, sobre todo porque dar el nombre significaría perjuicio a las fuentes que accedieron a hablar con la condición de que se mantuviera su nombre en reserva. En el primer caso, el docente podía ser despedido de su empleo y se le podía impedir trabajar como educador; en el segundo, la fuente, que en ese momento estudiaba periodismo, podía ver afectada nuevamente su carrera. 

Caso del procurador
El último caso de reserva de fuente y el más sonado en Panamá, ocurrió el 7 de julio de 1996, con la publicación de una noticia en el diario La Prensa, titulada "Circula presunto ‘narcocheque’ donado a la campaña de Sossa’’ firmado por el periodista Rolando Rodríguez B.
La noticia decía que el procurador general de la nación, José Antonio Sossa, había recibido un cheque, por 5,000 dólares, el cual había sido donado, al parecer, a su campaña de reelección como legislador en las elecciones 1994 por una compañía panameña, utilizada por los carteles colombianos para lavar dinero procedente del narcotráfico.

Cuando La Prensa tuvo acceso al documento, se le pidió al procurador Sossa que atendiera a los periodistas, y él los recibió en su residencia particular para dar su reacción sobre la autenticidad del cheque que se había recibido en el diario, por una fuente que pedía reserva de su identidad y que se denominaba "adversa al procurador’’.

El funcionario aseguró desconocer a los propietarios de la empresa Simar Joyeros, que giró el cheque a su nombre, y afirmó que no tenía ninguna relación con la mencionada compañía ni con con sus propietarios.
En la entrevista, el Procurador admitió que la firma del endoso del cheque era suya y admitió también que pudo haber recibido la donación ya que su registro "no es infalible’’.
Sin embargo, al día siguiente, 8 de julio, el Procurador pidió personalmente al banco emisor del cheque que verificara su veracidad. Efectivamente, el banco estableció que el cheque era falso.

A raíz de la certificación falsa del cheque, el Procurador inició una investigación judicial y exigió a los periodistas de La Prensa el nombre de la fuente que había entregado el documento. Al negársele la información, fueron llamados a declarar en calidad de testigos ante el fiscal quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Roberto Murgas Torraza, los periodistas Rolando Rodríguez, Gustavo Gorriti y Aristides Cajar, la recepcionista Lizeika Díaz y el presidente de la junta directiva, Juan Arias, además de realizar una inspección ocular en las instalaciones del diario.

Las investigaciones que siguieron señalaron al abogado César Guardia como la persona que "supuestamente’’ dio a La Prensa la copia del cheque.
La Fiscalía Quinta investigó a Guardia y a los periodistas Rodríguez y Gorriti, por una denuncia interpuesta por el procurador Sossa, por la comisión de delitos contra el honor y la fe pública, cometidos en su perjuicio.

Luego de los interrogatorios, el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, ordenó, el 15 de julio, la detención del abogado Guardia, fundamentada en la presunta comisión de delito contra la fe pública, concretamente el de falsificación de documentos, que lleva pena mínima de dos años de prisión, según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Penal. En tanto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificó que la detención de Guardia era legal.
Los periodistas de La Prensa fueron indagados nuevamente por la Fiscalía, ahora con la acusación del delito de injuria. El proceso de investigación sigue su curso. Los acusados se encuentran a la espera de la vista fiscal, donde se determinará si serán sobreseídos o si serán llamados a juicio.

Opiniones académicas
Franklin Bósquez, profesor de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Panamá, dijo que los periodistas que usan el principio de la reserva de la fuente para divulgar hechos deben ser maliciosos de manera que la información que se divulgue sea cierta.
Bósquez señaló: "si una fuente me da una información que se comprueba es falsa y que además se da con la intención de hacer daño a un funcionario, lo ‘considero un acto doloso’, por lo que no vacilaría en dar el nombre de la persona."

En ese caso, según Bósquez, "no hay ninguna razón para encubrir a esta fuente y que el periodista asuma la responsabilidad total de la publicación.’’
¿Hasta qué punto los periodistas tienen que guardar silencio cuando se puede definir claramente que una determinada persona tuvo la intención criminal dolosa al dar una información falsa?, se pregunta Bósquez.

Bósquez argumenta que ninguna información que llega a la redacción a través de una "fuente adversa" a un funcionario público, cualquiera que sea, debe ser tomada al pie de la letra. Señala que es fundamental comprobar la información con otras fuentes autorizadas, sobre todo cuando está de por medio el honor de una persona, tal como lo señala Guido Fernández en su libro "Agonía a la hora de cierre’’.
Al referirse al caso del Procurador General de la nación y al diario La Prensa, Bósquez dijo que respeta la posición de los periodistas de "no revelar la fuente’’; sin embargo, considera que esta fuente no merece que el periodista asuma la responsabilidad porque la fuente cometió un acto doloso al dar una información falsa. "Si fuera yo el periodista, daría a conocer el nombre’’, afirmó.

En relación con el mismo episodio dijo que nunca en Panamá se había dado un caso como el del Procurador y La Prensa, al tiempo que advirtió que este hecho, más que negativo para el gremio de los periodistas panameños, fue positivo pues los periodistas comenzaron a discutir sobre temas importantes que tienen que ver con el ejercicio del periodismo.
Sostuvo que antes esto era imposible hacerlo, la dictadura jamás hubiese permitido un juicio en torno a este caso; el problema de la reserva de la fuente hubiese terminado con "periodistas presos y medios cerrados y nada más’’, comentó.

Por otra parte, Hermes Sucre Serrano, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), considera que la reserva de la fuente es un principio básico del periodismo universal, especialmente para el periodismo investigativo, que se vale de fuentes que, por razones de seguridad, deben ser protegidas.

Una fuente de noticias tiene que ser buena, indistintamente que sea indentificada o no. Esta protección no es un derecho que atañe únicamente al periodista, sino también al informante, que muchas veces arriesga su trabajo, su familia, y hasta su vida, por divulgar informaciones.
La identificación de una fuente que pidió mantenerse en el anonimato constituye un mal precedente para la pureza del periodismo, principalmente porque viola el deber de la honestidad que está obligado a cumplir todo comunicador social.

Corresponde a cada periodista valorar sus fuentes. Determinar si las informaciones suministradas tienen fundamento. También puede recurrir a fuentes secundarias que confirmen los detalles expresados por la fuente primaria.
En sí, lo que debe prevalecer es la verdad por encima de todo. Si las personas afectadas por una publicación insisten en conocer a la fuente, demuestran una curiosidad personal, que puede llegar hasta la venganza. No les interesa la verdad o las consecuencias de lo publicado, sino quién lo dijo. Esto es irresponsable y es ahí donde el periodista debe imponer el criterio de protección. 

Opiniones profesionales
También Gustavo Gorriti escribió un artículo de opinión en torno al caso de la reserva de la fuente donde explicaba que "un buen editor urge a sus reporteros a preferir siempre la fuente abierta a la anónima. Sin embargo, un editor no necesita ser siquiera bueno para saber que sin fuentes confidenciales el buen periodismo es imposible. Y sin buen periodismo, la prensa libre perece’’.
Decía Gorriti que "por eso, a través de años y latitudes, periodista tras periodista ha ingresado a la cárcel o ha soportado destinos peores antes que revelar su fuente. Todo periodista sabe que si rompe su compromiso de reserva, no solo renunciará a la confianza de otras fuentes y se desprestigiará irremediablemente, sino que también socavará el principio de confianza entre fuente y reportero, sin la cual un periodismo verdadero es imposible’’.

Casi todos los códigos de ética periodísticos (y he revisado ahora los escandinavos, el alemán, el inglés y el belga) comparten un simple mandato: "El periodista protegerá sus fuentes confidenciales de información’’, como dice, por ejemplo, el artículo 7 del Código de Etica de la Unión Nacional de Periodistas Británicos, de junio de 1994.

Pero, ¿qué pasa cuando la fuente utiliza malévolamente el compromiso de confidencialidad, como en el caso de los supuestos "narcocheques’’ atribuidos al Procurador? Eso, por desgracia, no rompe el principio de reserva de identidad. No lo rompe porque, en primer lugar, el compromiso se contrajo –como sucede en la mayoría de los casos– sin condicionarlo a la calidad de la información o la catadura moral de la fuente. De otro lado, ¿qué pasa si, por ejemplo, resultara al final que la fuente trasmitió inadvertidamente información errónea suministrada por una tercera persona o institución? No somos jueces, tampoco fiscales; pero lo que somos, periodistas, debemos serlo a plenitud, concluyó Gorriti.

Para I. Roberto Eisenmann Jr., presidente fundador de La Prensa, el asunto de la reserva de la fuente está contemplado en los Código de Etica, que en La Prensa se publica y se revisa todos los años.

"Durante el tiempo que dirigí el periódico –señaló Eisenmann– me tocó en una ocasión afrontar un caso en el que la fuente, en una controversia noticiosa, abusó en forma muy clara del privilegio de la reserva de la fuente. El tema ocupó semanas de debate en la junta de editores y durante el mismo consulté con incontables directores de prensa extranjeros. Luego de mucha discusión y examen de todas las controversias y opiniones, decidimos respetar la reserva de la fuente aun en un caso de claro abuso por parte de la fuente.’’
Dijo que hoy considera que la posición adoptada por mayoría fue la correcta, aun cuando en aquella ocasión "mi punto de vista era minoritario en el debate’’.
"La confianza de las fuentes es lo que permite a los periodistas recibir, información que es vital para su proceso de informar a su comunidad de lectores. Violar este compromiso de reserva, por más justificado que sea el razonamiento, pondría en peligro la fuente de importantes noticias que requiere una comunidad libre’’, indicó Eisenmman.

Por su parte, Rosario Arias de Galindo, presidenta de la Editora Panamá América, que publica los diarios El Panamá América y Crítica Libre, considera que es indispensable que el periodista utilice el recurso de la reserva de la fuente en su trabajo ya que es una de formas de conseguir información que el público tiene derecho a saber, pero que las fuentes no se atreven a divulgar.

Arias, a su vez, advirtió que los periodistas tienen que ser lo suficientemente maduros para descubrir cuándo las fuentes los utiliza y les ofrece información falsa. Agregó que los periodistas tienen la obligación de verificar toda la información que llega a través de fuentes anónimas; de lo contrario; se convierten en cómplices de la fuente.

"Los periodistas de la pluma tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen con los lectores al momento de escribir una nota y tienen primero que ser maliciosos, incrédulos, curiosos y luego de verificar todos los datos, difundir la noticia", explica Galindo.

Indigentes provocan desorden en Bella Vista

El proceso para reivindicarlos a la sociedad es complicado, ellos están incapacitados para resolver los problemas mínimos de subsistencia

Foto María Castillero
MARÍA GUADALUPE CASTILLERO

BELLA VISTA. La indigencia condición más extrema de la pobreza y calidad de vida humana esta visible en cualquier calle y en cada plaza de la ciudad de Panamá. De esta realidad no escapa el área de Bella Vista, que ha sido catalogado como uno de los lugares con mayor presencia de indigentes.  Residentes de la zona denunciaron que es realmente incómodo salir de casa y encontrar el desorden provocado por éstas personas, pues ellos se dedican a buscar en la basura y abren las bolsas provocando malos olores y hasta peligro de insalubridad para el área. Rosario Jované, residente de Bella Vista, dijo que el problema social se debe a varios factores como el consumo de drogas, problemas socio económicos, baja autoestima y maltrato físico.  Señaló que a pesar de los esfuerzos realizados por el programa de asistencia de la Alcaldía de Panamá y El Centro de Servicios múltiples Juan Ramón Poll, donde se les ofrece los servicios básicos de alimentación, aseo, atención médica y vestuario, ellos siguen en las calles.  Por su parte, Miltan Ramos, trabajadora social y colaboradora de obras benéficas, indicó que el proceso para reivindicarlos a la sociedad es complicado, ellos están incapacitados para resolver los problemas mínimos de subsistencia, les falta voluntad y es costoso.  El transfondo mayor de esta situación es la mala distribución de la riqueza, que lleva consigo las vagas opciones de surgir que tienen las personas en los barrios más aledaños del país, que es generalmente de donde proviene la indigencia, es lamentable que el gobierno no tenga más programas de inclusión y mientras no se trate de resolver desde este punto los niveles en las estadísticas seguirán avanzando y terceras personas podrían verse afectada como en el caso de los residentes de Bella Vista