domingo, 6 de noviembre de 2011


Lucha contra la piratería en Panamá

LEGISLACIÓN

El reciente Código Penal panameño de 2007 señala penas por los delitos asociados a la piratería de 2 a 4 años de prisión y multa de U$1.000 a U$20.500, y en el caso de piratería a escala comercial las penas son de 4 a 6 años, sin multa. Salvo que por falta de información no se haya encontrado, no se evidencian normas especiales en relación con las medidas tecnológicas de protección, ni respecto de la protección de la información relativa a la gestión de derechos.

En relación con el procedimiento aduanero, bajo el Decreto 123 de 1996 existe un procedimiento administrativo para las medidas en frontera, el cual opera bien sea de oficio o a petición de parte.

Producción de estadísticas

En esta materia se destaca el hecho de que todas las instituciones producen información relativa al control de la piratería, reportando diferentes grados de información, desde la medición del impacto de la piratería en el recaudo fiscal que realiza las oficinas de aduana anualmente y que implica decomisos, operativos y personas detenidas; pasando por la completa información recabada por fiscalía y policía.


Existiendo dicha información, lo importante es el uso y organización de la misma para articularla con las políticas nacionales en la materia.
Debe tenerse en cuenta en todo caso que la información relacionada con la violación de los derechos de propiedad industrial no puede, ni debe ser confundida o medida con el mismo rasero con que se leen los resultados y cifras relacionados con los delitos relacionados con el derecho de autor.


Encontramos que IIPA no señala información por lo menos en lo que se refiere a cifras de piratería en este país.


PLANES DE ACCIÓN, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS

La BSA, el sector audiovisual, y el sector de la música por su propia cuenta han realizado campañas de difusión en relación con la protección del derecho de autor y el combate a la piratería. La Oficina Nacional busca obtener apoyo de entidades extrajeras para llevar a cabo una campaña de difusión en el mismo sentido, de donde surge la posibilidad de aunar esfuerzos para desarrollar dicho tipo de iniciativas en un marco de mayor institucionalidad.


En materia de capacitación, se encuentra que reciben formación especializada la fiscalía y la policía. Sin embargo las oficinas de aduanas carecen de este tipo de capacitaciones, las cuales son necesarias especialmente por la situación especial de este país.


CONTROL DE LA PIRATERÍA

La fiscalía, policía y aduana cuentan con funciones específicas que les permite la acción de control de la piratería. Es de resaltar que la aduana cuenta con una norma especial que le da competencia incluso para realizar medidas en frontera respecto de mercancía que se encuentra en tránsito hacia otro país pero que ha tocado puerto panameño, herramienta de gran utilidad bajo las condiciones de los puertos panameños y su canal.


Por otra parte, en relación con la posibilidad de que el estado de necesidad sea eximente de responsabilidad, dicha circunstancia no se da en Panamá, sin embargo si existe una atenuación punitiva en el caso de captura de buhoneros o vendedores ambulantes de piratería.


En relación a las acciones de control por medio de allanamientos, capturas e incautaciones, se encuentra que los organismos encargados de ello cuentan con herramientas legales que les permiten realizarlas bajo condiciones de legalidad y pueden operar en casos de flagrancia de manera directa.


RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Existe en Panamá una Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual que es integrada por el sector público. Sus logros se dirigen a la coordinación de actividades de control, atención de consultas de entes gubernamentales y actividades de capacitación. También es el espacio de discusión de políticas relacionadas con la propiedad intelectual. Se destaca la iniciativa de orden gubernamental sobre este particular, sin embargo vale la pena examinar dos aspectos, uno de ellos es la vinculación del sector privado a esta Comisión, el otro es la separación temática u operativa entre las acciones y políticas en materia de derecho de autor de las relacionadas con la propiedad industrial, pues cada una obedece a objetos disímiles y con intereses diferentes.


Es muy importante la regularidad de las reuniones de esta comisión, lo que con seguridad generará un ambiente de mayor institucionalidad, y fortalecerá sus acciones.


En materia de cooperación, las prioridades identificadas por las entidades comprenden la capacitación, la conformación de sistemas de información nacional e internacional en relación con la piratería, el fomento de campañas de sensibilización, y finalmente la participación del sector privado en el apoyo para las pericias técnicas para la diferenciación del material pirata.


POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Las políticas generales en materia de propiedad industrial son definidas por el Ministerio de Comercio e Industrias, sin embargo en materia de derecho de autor, quien define las políticas es el Ministerio de Educación.  La Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita a este último, cumple con la función de inspección y vigilancia de las personas que realizan actividades de uso de las obras. Por su parte se considera que es viable que dicha entidad cuente con funciones jurisdiccionales, siempre que sus competencias sean claramente definidas, y por supuesto, como ya hemos señalado también en este diagnóstico, siempre que se dote a las oficinas con los recursos necesarios para cumplir con tales funciones.


La Comisión Intersectorial en Propiedad Intelectual es el órgano que señala las políticas en la materia, circunstancia que debe resaltarse dado que comprende diferentes instituciones que soportan la adopción de tales políticas, garantizando de alguna manera su efectividad.

Desafortunadamente, la principal problemática en este tema institucional es la falta de recursos destinados a las entidades para el logro de sus objetivos.

En Panamá existen grupos especializados en materia de propiedad intelectual o combate contra la piratería al interior de la fiscalía, la aduana, la policía y la Oficina Nacional Competente que apoya en inspecciones y registros. Por lo que encontramos una seria actividad institucional entorno a la lucha contra la piratería.


Forma más empleada para contrarrestar la piratería es por medio del registro de obras de derecho de autor

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